CANAL 10 RPP INFORME ESPECIAL
EL VALOR DE NUESTROS COMANDOS
Eguiguren negó aceptar abrir juicio contra los ‘Chavín de Huántar’
El ministro de Justicia indicó que no ha aceptado una recomendación hecha por la CIDH para que se procese a los militares que liberaron la embajada de Japón en 1997
(Foto: Andina)
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó este martes que su despacho haya aceptado una recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que pide que los militares que participaron en la operación “Chavín de Huántar” para liberar la embajada de Japón en 1997 sean procesados en el fuero civil.
En diálogo con Radio Programas, aseguró que la información publicada por un diario local que da a conocer esto “son totalmente erradas y no tiene nada que ver con la realidad”. Eguiguren precisó que el Estado peruano pidió una prórroga a la CIDH para estudiar sus recomendaciones en referencia al operativo “Chavín de Huántar”, pero aclaró que no se tiene en mente procesar a los comandos, sino a las personas que se habrían infiltrado terminado el rescate y ejecutaron a integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“Pero la postura que ha dado, hasta donde entiendo, las autoridades nacionales en el pasado ha sido que estas ejecuciones no son responsabilidad del operativo militar de comando, sino en la infiltración de un grupo de personas, que están siendo procesadas ante la justicia civil en estos momentos”, añadió.Además, el titular de Justicia descartó que durante su presentación ante la CIDH en Washington haya abordado este tema.
PROCESO A MONTESINOS
Para concluir, dijo que las coordinaciones realizadas por su ministerio son para que continúen los procesos contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, los coroneles retirados del Ejército Roberto Edmundo Huamán Azcurra y Jesús Salvador Zamudio Aliaga, y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos por las ejecuciones extrajudiciales denunciadas en la operación Chavín de Huántar.
“Se han venido realizando coordinaciones desde el ministerio, con el Procurador Supranacional y con la Cancillería. También con el Poder Judicial y con el Ministerio Público para que los procesos judiciales que se siguen en este momento, no contra los comandos de Chavín de Huántar, sino contra los señores Huamán Escurra, Zamudio, Montesinos y Hermosa Ríos, continúen en este poder del Estado”, finalizó.Para concluir, dijo que las coordinaciones realizadas por su ministerio son para que continúen los procesos contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, los coroneles retirados del Ejército Roberto Edmundo Huamán Azcurra y Jesús Salvador Zamudio Aliaga, y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos por las ejecuciones extrajudiciales denunciadas en la operación Chavín de Huántar.
Diario el Comercio
Así lo informaron algunos medios
Ministro de Justicia rechaza que gobierno busque juzgar a Comandos 'Chavín de Huántar'
"Es cierto que la Comisión Interamericana emitió un informe donde formula algunas recomendaciones al Estado peruano, nosotros pedimos una primera prórroga de urgencia, luego una segunda para estudiar el asunto, se han venido realizando coordinaciones con la Cancillería, con el Ministerio Público, para que los procesos judiciales no contra los comandos Chavín de Huántar, sino contra Montesinos o Huamán Azcurra, continúen en el Poder Judicial, eso es cierto, el resto con conjeturas".
Así lo afirmó el Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren al ser consultado sobre las versiones periodísticas que indican que la actual administración gubernamental piensa abrir nuevamente procesos en contra de los comandos de Chavín de Huántar que salvaron a los secuestrados por el MRTA en al embajda de Japón en 1997.
Según declaró el titular del Minjus a RPP, la posición del gobierno es continuar con los procesos pero hacia los infiltrados, es decir, enviados por Vladimiro Montesinos para supuestamente ejecutar extrajudicialmente a los emerretistas ya rendidos:
"Hubo un enfrentamiento militar, porque grupos armados tomaron la embajada y fue necesario un operativo. Aquí resultaron heridos diversos militares y rehenes, pero la postura que han dado las autoridades nacionales en el pasado ha sido que estas ejecuciones no son responsabilidad de los comandos Chavín de Huánar sino de la infiltración de un grupo de personas que están siendo procesadas por la justicia en este momento
Cortesía Diario la República
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos militares. Además, se cumplió con todos los requisitos legales y la Corte Suprema fue la que decidió que se trataba de un tema militar", afirmó. Karem Barboza - ybarboza@epensa.com.pe
Cortesía Diario Correo
Así lo afirmó el Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren al ser consultado sobre las versiones periodísticas que indican que la actual administración gubernamental piensa abrir nuevamente procesos en contra de los comandos de Chavín de Huántar que salvaron a los secuestrados por el MRTA en al embajda de Japón en 1997.
Según declaró el titular del Minjus a RPP, la posición del gobierno es continuar con los procesos pero hacia los infiltrados, es decir, enviados por Vladimiro Montesinos para supuestamente ejecutar extrajudicialmente a los emerretistas ya rendidos:
"Hubo un enfrentamiento militar, porque grupos armados tomaron la embajada y fue necesario un operativo. Aquí resultaron heridos diversos militares y rehenes, pero la postura que han dado las autoridades nacionales en el pasado ha sido que estas ejecuciones no son responsabilidad de los comandos Chavín de Huánar sino de la infiltración de un grupo de personas que están siendo procesadas por la justicia en este momento
Cortesía Diario la República
Pedido de la CIDH sí incluye a comandos
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Lima - Indignación y sinsabor generó entre la ciudadanía la información propalada por Correo en la cual se revelaba que el Ministerio de Justicia evalúa acatar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para procesar en el fuero civil a los comandos de Chavín de Huántar que participaron en el rescate de los rehenes de la residencia de la embajada de Japón en 1997.
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos militares. Además, se cumplió con todos los requisitos legales y la Corte Suprema fue la que decidió que se trataba de un tema militar", afirmó. Karem Barboza - ybarboza@epensa.com.pe
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos militares. Además, se cumplió con todos los requisitos legales y la Corte Suprema fue la que decidió que se trataba de un tema militar", afirmó. Karem Barboza - ybarboza@epensa.com.pe
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos militares. Además, se cumplió con todos los requisitos legales y la Corte Suprema fue la que decidió que se trataba de un tema militar", afirmó. Karem Barboza - ybarboza@epensa.com.pe
Cortesía Diario Correo
Lima - Indignación y sinsabor generó entre la ciudadanía la información propalada por Correo en la cual se revelaba que el Ministerio de Justicia evalúa acatar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (comandos de Chavín de Huántar que participaron en el rescate de los rehenes de la residencia de la embajada de Japón en 1997.
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos
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