SPOT CHAVIN
LO HICIERON POR EL PERÚ
lunes, 31 de octubre de 2011
Informe Especial difundido por el programa "Sin medias tintas " de canal 2 Tv sobre el caso del probable juicio a los Comandos Chavín de Huantár
General Graham: "Sería aberrante indemnizar a terroristas"
Lima - El excomandante general del Ejército José Graham Ayllón cuestionó ayer la actitud del gobierno por haber pedido una prórroga para responder al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la operación Chavín de Huántar, que podría significar un nuevo juicio para los comandos.
"Este no es un asunto netamente jurídico y de leyes, también es de dignidad y soberanía. Si nuestro Estado ya revisó el caso en el 2002, lo juzgó, no puede permitir que una entidad exterior lo cuestione. No se debe reabrir, debe haber una respuesta razonable y firme", dijo a Correo.
Graham, quien es considerado al interior del Ejército un héroe de la lucha antisubversiva, señaló que "sería aberrante" que tras un allanamiento ante la CIDH se termine por indemnizar a los terroristas que empuñaron las armas contra nuestro país.
"Es inconcebible someter a juicio nuevamente a nuestros soldados. La gente que integra la CIDH nunca ha estado en el Perú en esa época, no sabe lo que se vivía y cómo se realizó este operativo militar que es admirado en el mundo", comentó.
Graham dijo que el Estado no debe pedir una prórroga para responder este informe porque da pie a creer que nos vamos a allanar a sus recomendaciones, "la respuesta debería ser inmediata y firme aclarando que nuestra justicia ya tomó una decisión sobre el caso y no se volverá a tocar".
El excomandante general del Ejército demandó al presidente Ollanta Humala que como "buen peruano y exmilitar" ordene a los entes encargados rechazar toda posibilidad de allanamiento por un asunto de "soberanía e independencia".
"Este no es un asunto netamente jurídico y de leyes, también es de dignidad y soberanía. Si nuestro Estado ya revisó el caso en el 2002, lo juzgó, no puede permitir que una entidad exterior lo cuestione. No se debe reabrir, debe haber una respuesta razonable y firme", dijo a Correo.
Graham, quien es considerado al interior del Ejército un héroe de la lucha antisubversiva, señaló que "sería aberrante" que tras un allanamiento ante la CIDH se termine por indemnizar a los terroristas que empuñaron las armas contra nuestro país.
"Es inconcebible someter a juicio nuevamente a nuestros soldados. La gente que integra la CIDH nunca ha estado en el Perú en esa época, no sabe lo que se vivía y cómo se realizó este operativo militar que es admirado en el mundo", comentó.
Graham dijo que el Estado no debe pedir una prórroga para responder este informe porque da pie a creer que nos vamos a allanar a sus recomendaciones, "la respuesta debería ser inmediata y firme aclarando que nuestra justicia ya tomó una decisión sobre el caso y no se volverá a tocar".
El excomandante general del Ejército demandó al presidente Ollanta Humala que como "buen peruano y exmilitar" ordene a los entes encargados rechazar toda posibilidad de allanamiento por un asunto de "soberanía e independencia".
Comando Aladino: “Se trata de no manchar nuestra honra”
"Ahora pienso que tuve la mala suerte de no morirme en la embajada". Con esta dura frase graficó el indignado capitán EP (r) Alex Segura Figueroa, "comando Aladino", la posibilidad de ser uno de los militares que podría ser procesado en el fuero civil si el gobierno acepta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diálogo con Correo, Segura recordó que desde su época escolar, en el Colegio La Salle, tuvo que decidir entre su vocación de servir a Dios o servir a su patria. Lo segundo primó. Por ello, dice, le entristece y le indigna expresiones como la del presidente del Congreso, Daniel Abugattás, quien ha sostenido que los comandos pueden ser enjuiciados porque no tienen nada que temer.
"Con qué cara puede Abugattás juzgarnos a los comandos si estamos convencidos que él no haría lo que nosotros hicimos. No es el hecho de que nos investiguen porque no ocultamos nada, se trata de no manchar nuestra honra porque nosotros ofrecimos la vida", aseguró.
"Cuando yo estuve a punto de ingresar al túnel me persigné y le dije a Dios que esta operación salga bien porque sino, no quiero salir de la residencia. Le estaba ofreciendo mi vida a Dios por mi patria por gente que no conocía personalmente, pero simbolizaba el sentir de toda una nación", agregó.
DUDA DE PLAZOS
Segura, o "comando Aladino", indicó que tras largos años de persecución por parte de algunas ONGs, ya no le sorprende que hayan logrado el juzgamiento de los comandos. Sin embargo, lamentó que el gobierno no tenga una respuesta contundente y oportuna y, por el contrario, se pidan plazos, lo que significa allanarse a la CIDH.
"No me sorprende eso, pero me indigna que el Estado no nos proteja porque el Estado, lejos de rechazar las recomendaciones, pide que se dé un tiempo para evaluarlas y se pide tiempo para evaluarlas en dos oportunidades. El hecho de evaluarlas en un plazo significa que no las está rechazando, al contrario, que va a aceptarlas y van a allanarse a las recomendaciones", consideró.
Por ello, sostuvo que "lo que a nosotros nos molesta y nos indigna es que habiendo hecho algo bueno para el país, traten de enlodarlo gente que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es un operativo militar".
"A mí me hubiera gustado que esa gente que critica, que acusa, que enjuicia, esté ahí adentro y si luego se atrevería a criticar. Si no éramos nosotros, ¿quién lo iba a hacer? Aparte de todo eso, se nos acusa de supuestos delitos que nunca se cometieron", añadió indignado.
En ese sentido recordó que comandos como él y los otros 139 no fueron los delincuentes pues "los delincuentes fueron los terroristas".
"¿Es que acaso el pueblo o el Estado se olvida que nosotros tuvimos dos muertos y 25 heridos? ¿Producto de qué
fueron esos heridos, esos muertos? ¿Acaso de nuestra propia bala? No. Fueron disparos que recibimos. Esos muertos esos heridos tienen familia, nosotros como comandos tenemos familias, tenemos madres, padres, esposa e hijos. Nosotros también sangramos y nos duelen las heridas", dijo.
Invocación a Humala
Alex Segura Figueroa, "comando Aladino", invocó al presidente Ollanta Humala a poner fin a este tema y rechace "todas las recomendaciones porque al acatar alguna se estaría convirtiendo en mártires a los emerretistas y eso sería un retroceso para el país". "Lo que le digo al señor Humala es que recuerde que también vistió el uniforme como nosotros", aseveró.
En diálogo con Correo, Segura recordó que desde su época escolar, en el Colegio La Salle, tuvo que decidir entre su vocación de servir a Dios o servir a su patria. Lo segundo primó. Por ello, dice, le entristece y le indigna expresiones como la del presidente del Congreso, Daniel Abugattás, quien ha sostenido que los comandos pueden ser enjuiciados porque no tienen nada que temer.
"Con qué cara puede Abugattás juzgarnos a los comandos si estamos convencidos que él no haría lo que nosotros hicimos. No es el hecho de que nos investiguen porque no ocultamos nada, se trata de no manchar nuestra honra porque nosotros ofrecimos la vida", aseguró.
"Cuando yo estuve a punto de ingresar al túnel me persigné y le dije a Dios que esta operación salga bien porque sino, no quiero salir de la residencia. Le estaba ofreciendo mi vida a Dios por mi patria por gente que no conocía personalmente, pero simbolizaba el sentir de toda una nación", agregó.
DUDA DE PLAZOS
Segura, o "comando Aladino", indicó que tras largos años de persecución por parte de algunas ONGs, ya no le sorprende que hayan logrado el juzgamiento de los comandos. Sin embargo, lamentó que el gobierno no tenga una respuesta contundente y oportuna y, por el contrario, se pidan plazos, lo que significa allanarse a la CIDH.
"No me sorprende eso, pero me indigna que el Estado no nos proteja porque el Estado, lejos de rechazar las recomendaciones, pide que se dé un tiempo para evaluarlas y se pide tiempo para evaluarlas en dos oportunidades. El hecho de evaluarlas en un plazo significa que no las está rechazando, al contrario, que va a aceptarlas y van a allanarse a las recomendaciones", consideró.
Por ello, sostuvo que "lo que a nosotros nos molesta y nos indigna es que habiendo hecho algo bueno para el país, traten de enlodarlo gente que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es un operativo militar".
"A mí me hubiera gustado que esa gente que critica, que acusa, que enjuicia, esté ahí adentro y si luego se atrevería a criticar. Si no éramos nosotros, ¿quién lo iba a hacer? Aparte de todo eso, se nos acusa de supuestos delitos que nunca se cometieron", añadió indignado.
En ese sentido recordó que comandos como él y los otros 139 no fueron los delincuentes pues "los delincuentes fueron los terroristas".
"¿Es que acaso el pueblo o el Estado se olvida que nosotros tuvimos dos muertos y 25 heridos? ¿Producto de qué
fueron esos heridos, esos muertos? ¿Acaso de nuestra propia bala? No. Fueron disparos que recibimos. Esos muertos esos heridos tienen familia, nosotros como comandos tenemos familias, tenemos madres, padres, esposa e hijos. Nosotros también sangramos y nos duelen las heridas", dijo.
Invocación a Humala
Alex Segura Figueroa, "comando Aladino", invocó al presidente Ollanta Humala a poner fin a este tema y rechace "todas las recomendaciones porque al acatar alguna se estaría convirtiendo en mártires a los emerretistas y eso sería un retroceso para el país". "Lo que le digo al señor Humala es que recuerde que también vistió el uniforme como nosotros", aseveró.
Cortesía Diario Correo
domingo, 30 de octubre de 2011
Juan Aurich de Chiclayo rumbo a la Copa Libertadores, ganó 2 a 0 al Cristal
Aurich derrotó 2-0 a Sporting Cristal y sueña con el 'play off'
DIARIO EL COMERCIO Goles del cuadro chiclayano fueron anotados por Tejada y Sheput. El “Ciclón” le sacó siete puntos de diferencia a León de Huánuco
Un gol del atacante panameño Luis Tejada y otro del volante Renzo Sheput le dan al Aurich de Chiclayo el triunfo parcial ante Cristal a los 68 minutos del choque que se juega en el estadio San Martín.El primer tanto del partido llegó, de tiro penal, a los 28 minutos, luego de que el árbitro sancionara una falta cometida por Renzo Revoredo en contra de William Chiroque. El “Pincel” aumentó la cuenta cuando se jugaban 68 minutos, de tiro cruzado, tras irrumpir por la banda izquierda.
Con este triunfo, los chiclayanos le sacan siete puntos a León de Huánuco, a falta de 4 fechas para el final del torneo, y prácticamente han asegurado su presencia en los ‘play off’.
Goles del cuadro chiclayano fueron anotados por Tejada y Sheput. El “Ciclón” le sacó siete puntos de diferencia a León de Huánuco
Un gol del atacante panameño Luis Tejada y otro del volante Renzo Sheput le dan al Aurich de Chiclayo el triunfo parcial ante Cristal a los 68 minutos del choque que se juega en el estadio San Martín.
Con este triunfo, los chiclayanos le sacan siete puntos a León de Huánuco, a falta de 4 fechas para el final del torneo, y prácticamente han asegurado su presencia en los ‘play off’.
Presidente Ollanta Humala visita zonas afectadas tras sismo en Ica y verifica labor de Defensa Civil y el Ejército
Tras visitar a los heridos del sismo en Ica, presidente Humala retornó a Lima
El mandatario estuvo durante dos horas en la ciudad sureña, donde entregó ayuda humanitaria y se reunió con las autoridades regionales
(Foto: Andina/ Video: TV Perú)
(Andina) . El presidente de la República, Ollanta Humala, entregó hoy ayuda humanitaria a los afectados por el sismo de 6.7 grados en la escala de Richter que sacudió ayer la región Ica, e instó a la población a mantener la calma para seguir trabajando por la reconstrucción.
“Veremos las demandas legítimas de la población que vive en situación precaria, tenemos que buscarle una solución (…) Hay que llamar a la población a la calma, y tenemos que seguir trabajando como todos los días”, expresó durante su recorrido en la zona.El jefe del Estado llegó al Grupo Aéreo N°51 de Pisco directamente de Asunción, donde participó en la XXI Cumbre Iberoamericana, y de inmediato se trasladó a Ica con su esposa, Nadine Heredia, para recorrer la ciudad.
Primero visitó la zona de Accomayo, donde entregó material humanitario para las personas damnificadas, como colchones y carpas, especialmente a los pobladores cuyas viviendas colapsaron por el movimiento telúrico.VISITA AL HOSPITAL REGIONAL
Luego, el mandatario se trasladó hasta el Hospital Regional para visitar a las personas heridas, y en el lugar anunció que en diciembre próximo, el nosocomio se trasladaría a su nueva sede para una mejor atención al público.
“Hemos visto que el daño de las personas puede ser tratado en el Hospital Regional. Hemos dejado abierta la posibilidad de evacuarlos a Lima si es que así lo requiere el director del hospital, Mariano Franco”, sostuvo.
Posteriormente, el presidente Humala Tasso se trasladó hasta la sede del Gobierno Regional, donde conversó brevemente con la prensa y detalló que el daño en la infraestructura de la ciudad “no es mayor”.
Tras culminar el recorrido, el jefe del Estado retornó a Pisco, manejando una camioneta negra Nissan Patrol, para luego enrumbar a Lima en el avión presidencial.
Presidente Humala llegó a Ica para monitorear acciones tras sismo
El mandatario, quien adelantó su regreso de Paraguay, llegó al promediar las 5:10 p.m. al Grupo Aéreo N° 51, en Pisco y desde ahí se trasladó a la ciudad
Sábado 29 de octubre de 2011 - 06:24 pm 18 comentarios
Presidente Ollanta Humala arriba a Pisco junto a su esposa Nadine Heredia. (Foto: Andina)
El presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, llegaron a Ica. Ambos van en camino al hospital regional donde se encuentran unas 26 personas heridas luego del sismo de 6,7 grados que azotó ayer la costa sur del país.
Según informó Radio Programas, Humala Tasso llegó al promediar las 5:10 p.m. al Grupo Aéreo N° 51, en la ciudad de Pisco, desde Paraguay, donde participó de la XXI Cumbre Iberoamericana.
En este lugar, el mandatario y su esposa abordaron de inmediato un helicóptero que los trasladó a Ica, a donde llegaron después de una hora.
El jefe de Estado va a monitorear en persona las acciones tomadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las entidades de salud tras el movimiento telúrico que remeció ayer Ica.
viernes, 28 de octubre de 2011
jueves, 27 de octubre de 2011
" Prisioneros de guerra " daremos nuestro grado, nombre, N° de serie y vía referendum que la población decida nuestra situación..manifestó Crl (r) Hugo Robles .
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
Caso Chavín de Huántar: ex procuradora afirma que Estado ya rechazó allanarse a recomendaciones
No obstante, Delia Muñoz advirtió riesgos de pedir prórrogas a la CIDH. “Espero que el Estado no se allane”, dijo a su vez comando que participó en operación
(Foto archivo Reuters)
La ex procuradora Supranacional de Derechos Humanos, Delia Muñoz, se pronunció hoy sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado Peruano vuelva a procesar -esta vez en el fuero civil- a los autores materiales e intelectuales de la operación Chavín de Huántar.
La abogada señaló que la instancia internacional considera que los comandos no fueron juzgados en el fuero idóneo. No obstante, recordó que en el 2002 nuestro Poder Judicial dirimió la competencia al fuero militar, es decir, “actuó correctamente”.En ese sentido, informó que cuando aún ocupaba el cargo en agosto último respondió al informe de la corte rechazando tales recomendaciones y solicitando una prórroga para estudiar mejor el tema, teniendo en cuenta el cambio de gobierno. “El informe que preparamos fue de rechazo a las recomendaciones de la CIDH”, precisó en entrevista a “Buenos días Perú”.
Muñoz pidió no especular con este asunto, pero sí expresó su preocupación por que -según la norma reglamentaria de la corte- se acepta considerar la solicitud de prórroga de un Estado cuando “este haya demostrado voluntad de implementar las recomendaciones”.
Y ya existe una segunda solicitud de prórroga, según dijo.
“OJALÁ QUE EL ESTADO NO SE ALLANE”
Sobre esta delicada situación también se pronunció el coronel EP en retiro Víctor Hugo Robles, uno de los comandos que participó en la operación.
Robles expresó su desazón y dijo esperar que “el Estado no se allane” a las recomendaciones del tribunal internacional.
“Es inaudito pensar que hubo ejecuciones extrajudiciales”, enfatizó en su defensa
Cortesía Diario el Comercio
Rafael Rey pide que se hagan públicas las recomendaciones de la CIDH
Jueves, 27 de Octubre 2011 | 3:30 pm
RPP
El exministro de Defensa sostuvo que la CIDH sí ha solicitado que se vuelva a juzgar a los 140 comandos de Chavín de Huántar. Pidió que los ministros Eguiguren y Roncagliolo sean citados al Congreso.
Según el exministro de Defensa Rafael Rey la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sí ha solicitado que se vuelva a juzgar a los 140 comandos de "Chavín de Huántar".
En diálogo con RPP Noticias, demandó que se haga público el informe con las recomendaciones de la CIDH y rechazó que este se mantenga en reserva.
Rey Rey solicitó que la Comisión de Defensa y de Justicia del Congreso de la República, citen precisamente al titular del sector Justicia, Francisco Eguiguren, y también al canciller Rafael Roncagliolo "que indujo a que reconsideraran las recomendaciones
Cortesía RPP ENTREVISTA AL CRL HUGO ROBLES EN CANAL 10 RPP 30 OCTUBRE 2011
martes, 25 de octubre de 2011
Solicitud de la CIDH de abrir proceso a Héroes Chavín de Huántar afectaría la moral de las Fuerzas Armadas
CANAL 10 RPP INFORME ESPECIAL
EL VALOR DE NUESTROS COMANDOS
Eguiguren negó aceptar abrir juicio contra los ‘Chavín de Huántar’
El ministro de Justicia indicó que no ha aceptado una recomendación hecha por la CIDH para que se procese a los militares que liberaron la embajada de Japón en 1997
(Foto: Andina)
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó este martes que su despacho haya aceptado una recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que pide que los militares que participaron en la operación “Chavín de Huántar” para liberar la embajada de Japón en 1997 sean procesados en el fuero civil.
En diálogo con Radio Programas, aseguró que la información publicada por un diario local que da a conocer esto “son totalmente erradas y no tiene nada que ver con la realidad”. Eguiguren precisó que el Estado peruano pidió una prórroga a la CIDH para estudiar sus recomendaciones en referencia al operativo “Chavín de Huántar”, pero aclaró que no se tiene en mente procesar a los comandos, sino a las personas que se habrían infiltrado terminado el rescate y ejecutaron a integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“Pero la postura que ha dado, hasta donde entiendo, las autoridades nacionales en el pasado ha sido que estas ejecuciones no son responsabilidad del operativo militar de comando, sino en la infiltración de un grupo de personas, que están siendo procesadas ante la justicia civil en estos momentos”, añadió.Además, el titular de Justicia descartó que durante su presentación ante la CIDH en Washington haya abordado este tema.
PROCESO A MONTESINOS
Para concluir, dijo que las coordinaciones realizadas por su ministerio son para que continúen los procesos contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, los coroneles retirados del Ejército Roberto Edmundo Huamán Azcurra y Jesús Salvador Zamudio Aliaga, y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos por las ejecuciones extrajudiciales denunciadas en la operación Chavín de Huántar.
“Se han venido realizando coordinaciones desde el ministerio, con el Procurador Supranacional y con la Cancillería. También con el Poder Judicial y con el Ministerio Público para que los procesos judiciales que se siguen en este momento, no contra los comandos de Chavín de Huántar, sino contra los señores Huamán Escurra, Zamudio, Montesinos y Hermosa Ríos, continúen en este poder del Estado”, finalizó.Para concluir, dijo que las coordinaciones realizadas por su ministerio son para que continúen los procesos contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, los coroneles retirados del Ejército Roberto Edmundo Huamán Azcurra y Jesús Salvador Zamudio Aliaga, y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos por las ejecuciones extrajudiciales denunciadas en la operación Chavín de Huántar.
Diario el Comercio
Así lo informaron algunos medios
Ministro de Justicia rechaza que gobierno busque juzgar a Comandos 'Chavín de Huántar'
"Es cierto que la Comisión Interamericana emitió un informe donde formula algunas recomendaciones al Estado peruano, nosotros pedimos una primera prórroga de urgencia, luego una segunda para estudiar el asunto, se han venido realizando coordinaciones con la Cancillería, con el Ministerio Público, para que los procesos judiciales no contra los comandos Chavín de Huántar, sino contra Montesinos o Huamán Azcurra, continúen en el Poder Judicial, eso es cierto, el resto con conjeturas".
Así lo afirmó el Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren al ser consultado sobre las versiones periodísticas que indican que la actual administración gubernamental piensa abrir nuevamente procesos en contra de los comandos de Chavín de Huántar que salvaron a los secuestrados por el MRTA en al embajda de Japón en 1997.
Según declaró el titular del Minjus a RPP, la posición del gobierno es continuar con los procesos pero hacia los infiltrados, es decir, enviados por Vladimiro Montesinos para supuestamente ejecutar extrajudicialmente a los emerretistas ya rendidos:
"Hubo un enfrentamiento militar, porque grupos armados tomaron la embajada y fue necesario un operativo. Aquí resultaron heridos diversos militares y rehenes, pero la postura que han dado las autoridades nacionales en el pasado ha sido que estas ejecuciones no son responsabilidad de los comandos Chavín de Huánar sino de la infiltración de un grupo de personas que están siendo procesadas por la justicia en este momento
Cortesía Diario la República
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos militares. Además, se cumplió con todos los requisitos legales y la Corte Suprema fue la que decidió que se trataba de un tema militar", afirmó. Karem Barboza - ybarboza@epensa.com.pe
Cortesía Diario Correo
Así lo afirmó el Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren al ser consultado sobre las versiones periodísticas que indican que la actual administración gubernamental piensa abrir nuevamente procesos en contra de los comandos de Chavín de Huántar que salvaron a los secuestrados por el MRTA en al embajda de Japón en 1997.
Según declaró el titular del Minjus a RPP, la posición del gobierno es continuar con los procesos pero hacia los infiltrados, es decir, enviados por Vladimiro Montesinos para supuestamente ejecutar extrajudicialmente a los emerretistas ya rendidos:
"Hubo un enfrentamiento militar, porque grupos armados tomaron la embajada y fue necesario un operativo. Aquí resultaron heridos diversos militares y rehenes, pero la postura que han dado las autoridades nacionales en el pasado ha sido que estas ejecuciones no son responsabilidad de los comandos Chavín de Huánar sino de la infiltración de un grupo de personas que están siendo procesadas por la justicia en este momento
Cortesía Diario la República
Pedido de la CIDH sí incluye a comandos
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Lima - Indignación y sinsabor generó entre la ciudadanía la información propalada por Correo en la cual se revelaba que el Ministerio de Justicia evalúa acatar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para procesar en el fuero civil a los comandos de Chavín de Huántar que participaron en el rescate de los rehenes de la residencia de la embajada de Japón en 1997.
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos militares. Además, se cumplió con todos los requisitos legales y la Corte Suprema fue la que decidió que se trataba de un tema militar", afirmó. Karem Barboza - ybarboza@epensa.com.pe
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos militares. Además, se cumplió con todos los requisitos legales y la Corte Suprema fue la que decidió que se trataba de un tema militar", afirmó. Karem Barboza - ybarboza@epensa.com.pe
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos militares. Además, se cumplió con todos los requisitos legales y la Corte Suprema fue la que decidió que se trataba de un tema militar", afirmó. Karem Barboza - ybarboza@epensa.com.pe
Cortesía Diario Correo
Lima - Indignación y sinsabor generó entre la ciudadanía la información propalada por Correo en la cual se revelaba que el Ministerio de Justicia evalúa acatar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (comandos de Chavín de Huántar que participaron en el rescate de los rehenes de la residencia de la embajada de Japón en 1997.
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos
Desde Washington, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, negó que el caso trate de los comandos, pero reconoció que se pidió un segundo plazo -de tres meses- "para estudiar muy bien el asunto y para seguir algunas de las recomendaciones, las que se puedan". En las recomendaciones que el Estado no esté de acuerdo, lo dejarían en manos de la CIDH "si lo lleva o no a la Corte (Interamericana)", sostuvo el ministro.
Por ello, se apresuró en decir que a quienes se refería la CIDH era a los "infiltrados" en la operación, mencionando los nombres de Jesús Zamudio, Roberto Huamán, Nicolás de Bari y Vladimiro Montesinos, mas no se refirió a los comandos.
La verdad. Sin embargo, la verdad es otra. Y es que la CIDH es clara en el informe de fondo del caso signado con el número 12.444, donde, según nuestras fuentes, dicho organismo expresamente señala que el juzgamiento de los comandos en el fuero militar fue irregular.
En ese contexto, nuestra fuente se remite al informe de fondo y sostiene que la CIDH determinó a la letra que: "si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -por ser delitos contra la humanidad- debieron haberse investigado por el fuero común".
Otra apreciación que esgrime la CIDH para procesar a los comandos es aquella que señala que "el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".
Tumban a JMP. Empero, la fuente resalta que, para aplicar nuevamente el procesamiento en fuero civil a los comandos, la CIDH se tira abajo el proceso que se siguió en el fuero militar, indicando que éste careció de imparcialidad. Por tanto, resuelve que "las ejecuciones de Víctor Peceros y Herna Meléndez fueron puestas en conocimiento de un Tribunal que no era competente y que además no era imparcial, ni independiente".
Asimismo, la CIDH sostiene que "en las FF.AA. existe un espíritu de cuerpo que obliga a encubrir los delitos de sus colegas".
Para concluir con este acápite, nos relata la fuente, la CIDH determinó que "el fuero castrense extralimitó el alcance del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con los delitos de función, como las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidieron que los familiares de las víctimas accedieron a la justicia".
Por tanto, concluyó que el Estado peruano "violó las garantías judiciales y protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".
Aunque el ministro Eguiguren se haya esforzado en no explicar con claridad lo que la CIDH exige, claramente -nos indica nuestra fuente- que la Comisión en sus recomendaciones resuelve que "debe concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos del informe en relación a los autores materiales de manera imparcial e identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan". ¿Qué podrá decir ahora el ministro Eguiguren?
Adelanta posición. Por lo pronto, ayer adelantó lo que puede ser su argumento respecto al caso, ya que en entrevista con RPP, Eguiguren dejó entrever que sí existieron ejecuciones extrajudiciales, pero dijo que esta postura era del gobierno anterior.
Craso error. Sin embargo, otro grave error que habría cometido el ministro de Justicia es no haber consultado el pedido de ampliación del plazo con el procurador del Ministerio de Defensa, tal como lo establecen las normas que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado (D.L. 1068 y su reglamento).
Incluso, Correo conoció que el procurador del Ministerio de Defensa (Mindef) fue convocado por el ministro de ese sector, Daniel Mora, para que explique el tema.
Levantan la voz. Tras conocerse el peligro que corren los comandos, el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la Corte de Justicia Militar-Policial, Carlos Mesa Angosto, quien dijo estar "desconcertado", mostrándose en contra de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de volver a procesar a los comandos. "Es gravísimo, estoy totalmente en contra de esto. Sería una barbaridad porque si una operación militar no la puede investigar la justicia militar entonces están diciendo que cerremos este fuero", indicó.
Quien también expresó su malestar fue la congresista Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio (APGC), quien reveló que el mes pasado le pidió al ministro Eguiguren que colocara en la defensa del Estado Peruano ante la CIDH "a un agente que nos defienda y no uno que nos allane" a sus recomendaciones.
"Lo que no se puede es manosear a las Fuerzas Armadas que tuvieron un accionar impecable en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los comandos de Chavín de Huántar son héroes de la República, en ningún país del mundo un rescate fue tan impecable como éste", dijo.
Por ello, criticó que los comandos pudieran ser procesados nuevamente basado en el argumento "de un ciudadano japonés que era amigo de los del MRTA, que tomaba café todas las mañanas con los terroristas. Hay fotografías de eso".
"O sea -prosigue-, un cómplice y no una víctima, que se mandó a mudar a Japón y desde allí escribió y dijo lo que le da la gana. Ese testimonio no puede servir para juzgar a los comandos, a los que defenderé a muerte", anotó.
Lo convocarán. Por su parte, el legislador Luis Iberico (APGC) anunció que ofició a la Comisión de Defensa para que convoque de urgencia al ministro Eguiguren a fin de que explique los pormenores de la sentencia de la CIDH que podría llevar a juicio nuevamente a los comandos Chavín de Huántar.
"Esto es muy grave, porque el Perú tiene una deuda de gratitud con los comandos, por eso pediré también una sesión conjunta con la Comisión de Justicia para tratar el tema. Lamento la situación a la que nos está llevando la CIDH y hay razones políticas también que deben entender en torno a esta operación militar", dijo el integrante de la Comisión de Defensa.
Por su parte, el congresista Luis Galarreta demandó también al Ministerio de Justicia y a la Cancillería informar con claridad los alcances de la recomendación de la CIDH. "Nos parece injusto esta situación que linda con una traición a la patria", expresó.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que la recomendación de la CIDH es un hecho muy grave. "Desde todo punto de vista es inaceptable esa intromisión sobre un rescate tan difícil que se realizó con el sacrificio de vidas por parte de militares... Me parece que el ministro Eguiguren está desorientado para escuchar este tipo de recomendaciones", enfatizó.
Lo emplaza. A su turno, el general EP Roberto Chiabra demandó que el ministro de Justicia diga públicamente que los comandos no tienen nada que ver con el proceso que se quiere seguir por un posible ajusticiamiento extrajudicial.
"De una vez desliguemos la operación exitosa de un acto que se dio después del rescate. Después de tantos años otra vez se intenta maltratar a estos
Conferencia de Ejércitos Americanos (XXIX CICLO)
Conferencia de Ejércitos Americanos
Es una organización militar de carácter internacional, integrada y dirigida por ejércitos del continente americano con la autorización de los gobiernos de sus respectivos países.Se crea en 1960, como un foro de debates e intercambio de experiencias
La Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) sin perjuicio de su denominación, constituye mucho más que un evento, es una organización institucionalizada,estable e independiente; cuya finalidad es el análisis, debate e intercambio de ideas y experiencias relacionadas con materias de interés común, en el ámbito de la defensa para acrecentar la colaboración e integración entre los ejércitos y contribuir desde el puntode vista del pensamiento militar a la seguridad y al desarrollo democrático de los países miembros.
Seguridad. Se reunirán en la capital azteca para estudiar acciones conjuntas
México preocupa a ejércitos de América
Uno de los más importantes acuerdos aprobados por los veinte países que participaron en la XXIX Conferencia de Comandantes de los Ejércitos Américanos (CEA), que organizó y dirigió en la capital el Ejército peruano, es analizar en un encuentro similar la situación de violencia en México y su impacto en la región.
El 11 de diciembre del 2006, el gobierno azteca resolvió enfrentar al crimen organizado, especialmente el narcotráfico, con la intervención del Ejército y la Marina. Desde entonces los uniformados detuvieron a más de 120 mil personas, relacionadas con los cárteles de la droga y con la banda de sicarios conocida como Los Zetas.
En el mismo periodo, como resultado de la lucha entre grupos rivales, o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, se ha contabilizado más de 35 mil fallecidos.
La conferencia se desarrollará en México en noviembre del próximo año, la organización ha sido encargada al ejército de dicha nación y el encuentro de jefes militares tendrá el carácter de “extraordinario”, por la gravedad de los hechos que se van a evaluar.
Enemigos comunes
Según el texto del acuerdo, lo que se persigue con el encuentro en tierra azteca “es proponer procedimientos y mecanismos de cooperación y evaluar la pertinencia de desarrollar capacidades regionales al respecto, considerando sus legítimas diferencias y legislaciones vigentes”.
En otras palabras, se debatirá hasta qué punto los ejércitos americanos pueden desplegar operaciones conjuntas contra enemigos comunes, como el crimen organizado globalizado.
México, como el Perú y Colombia, lucha contra organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico internacional de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa. Precisamente se le ha pedido a estos países que ofrezcan propuestas referidas a mejorar el combate a este tipo de organizaciones transnacionales.
La Conferencia de Ejércitos Americanos es un foro de intercambio de experiencias e ideas y se plantea como finalidad analizar estrategias de defensa en el continente e incrementar la cooperación militar.
El encuentro en Lima estuvo presidido por el comandante general del Ejército, general Víctor Ripalda Ganoza, quien, al ofrecer la alocución principal, destacó los nuevos desafíos que los institutos castrenses deben afrontar frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado que han comenzado a manifestarse globalmente.
Al respecto, otro acuerdo del la XXIX Conferencia es la convocatoria a una reunión especializada sobre las amenazas y riesgos emergentes que enfrentan los estados americanos, con el propósito de identificar patrones y de esta manera elaborar mecanismos y procedimientos que podrían ser compartidos y empleados por los Ejércitos que son parte de la CEA. La conferencia sobre este punto ha sido delegada al Ejército de Colombia, con amplia experiencia en la materia.
Como temas obligatorios para la próxima conferencia en México, los jefes militares también convinieron en acordar el debate sobre el papel de los Ejércitos en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y en las Operaciones de Ayuda en Casos de Desastre, en los que los institutos armados cumplen un papel decisivo.
Chile plantea al Perú ‘fuerza mixta’
Uno de los encuentros más significativos en la CEA se produjo entre los comandantes generales del Ejército de Chile, general Juan Miguel Fuente-Alba, y su contraparte peruano, general EP Víctor Ripalda Ganoza.
La nota oficial señala que el jefe militar chileno propuso al general Ripalda forjar una fuerza mixta para acometer cualquier situación de emergencia. Esto a raíz de los recientes catastróficos terremotos que azotaron a ambos países fronterizo, al Perú en 2007 y a Chile en 2010. “Una fuerza combinada sería de interés para la región”, dijo Fuentes-Alba: “De esta manera vamos a estrechar lazos y fomentar la confianza entre instituciones armadas.
No trascendió si Ripalda Ganoza y Fuentes-Alba abordaron otros temas fuera de la agenda de la CEA.
Cortesía Diario la República
sábado, 22 de octubre de 2011
Inauguración de los Juegos Deportivos Militares 2011 por el Presidente Ollanta Humala
FUERZAS ARMADAS COMPROMETIDAS CON EL PERÚ
SÓLIDA COHESIÓN Y ORGULLO
DE PERTENECER A LAS FFAA
Inauguraron Juegos Deportivos Militares 2011
Con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Deportivos Militares 2011, que busca fomentar la cohesión entre los integrantes de las Fuerzas Armadas.
En este evento deportivo participan las Escuelas de Oficiales y las Escuelas Técnicas para Sub Oficiales; así como el personal de tropa del Ejército, Marina y Fuerza AéreaEl Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que a la ceremonia de inauguración contó con la asistencia del Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, y el ministro del Interior encargado del despacho de Defensa, Oscar Valdés Dancuart.
La actividad, que se realizó en el Estadio Nacional, contó con la presencia del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Luis Ricardo Howell Ballena.También estuvierón presentes los comandantes generales del Ejército, General Víctor Manuel Ripalda Ganoza; de la Marina, almirante Jorge De La Puente Ribeyro; y de la Fuerza Aérea, general del aire Pedro Seabra Pinedo.
ANDINA
martes, 18 de octubre de 2011
Continúa dando frutos nueva estrategia del CCFFAA en el Vrae y el Huallaga
Hombre de ‘camarada Artemio’fue capturado en el Huallaga : Informe de Canal "N"
Moisés Aróztegui Rivera, ‘Camarada Tito’ habría sido enviado por el cabecilla terrorista a cobrar cupos en la margen izquierda del ríoMoisés Aróztegui Rivera, conocido como ‘camarada Tito’, fue capturado cuando se desplazaba desde la zona del Monzón a Aucayacu, por la carretera Fernando Belaunde Terry, informó Canal N.Según el reporte, ‘Tito’ tenía el control del margen izquierdo del Huallaga y desde hace tres semanas estaba en la zona del Monzón, por encargo del llamado ‘camarada Artemio’ para cobrar cupos al narcotráfico.La captura estuvo a cargo de las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército Peruano. A Aróztegui Rivera se le acusa de haber participado en numerosos atentados que terminaron con la vida de efectivos policiales y militares
Cortesía Diario el Comercio. y Canal N
Huánuco: Capturan a camarada ´Tito´ en provincia de Leoncio Prado
Hombre de ‘camarada Artemio’fue capturado en el Huallaga : Informe de Canal "N"
Moisés Aróztegui Rivera, ‘Camarada Tito’ habría sido enviado por el cabecilla terrorista a cobrar cupos en la margen izquierda del río
Moisés Aróztegui Rivera, conocido como ‘camarada Tito’, fue capturado cuando se desplazaba desde la zona del Monzón a Aucayacu, por la carretera Fernando Belaunde Terry, informó Canal N.
Según el reporte, ‘Tito’ tenía el control del margen izquierdo del Huallaga y desde hace tres semanas estaba en la zona del Monzón, por encargo del llamado ‘camarada Artemio’ para cobrar cupos al narcotráfico.
La captura estuvo a cargo de las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército Peruano. A Aróztegui Rivera se le acusa de haber participado en numerosos atentados que terminaron con la vida de efectivos policiales y militaresCortesía Diario el Comercio. y Canal N
Miércoles, 19 de Octubre 2011 | 6:54 pm
Moisés Aróstegui Rivera, de 32 años, fue intervenido por integrantes del Frente Policial Huallaga cuando se desplazaba por la carretera Fernando Belaunde Terry.
Efectivos del Frente Policial Huallaga en coordinación con el Ejército capturaron el martes por la mañana a un presunto miembro de Sendero Luminoso en el kilómetro dos de la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura del grifo Pantoja, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.
Se trata de Moisés Aróstegui Rivera, conocido como el camarada "Tito", de 32 años, quien fue intervenido cuando se desplazaba por dicha vía.
El sujeto formaba parte del escuadrón de seguridad de Florindo Eleuterio Flores Hala, camarada "Artemio" y participó en diversos atentados del 2008 al 2010.
Actualmente, se encargaba de la logística para continuar la denominada lucha armada en el Huallaga.
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Cortesía RPP
OPERACIONES CONJUNTAS EN EL VRAE DAN SUS FRUTOS
INFORME ESPECIAL DE CANAL 9 ATV NOTICIAS
Luis Borja Buendía (Enviado especial).-El Comando Especial Vrae
Luis Borja Buendía (Enviado especial).-El Comando Especial Vrae y el Frente Policial Vrae acaban de realizar exitosas incursiones en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene, en su lucha contra el narcotráfico. Entre sus muchos logros sobresale la detención de siete sospechosos de narcotráfico, entre ellos un ciudadano colombiano, y de indocumentados en el sector de Boca Sonaro del distrito de San Martín de Pangoa, en Satipo.
También se incautaron 540 kilos de clorhidrato de cocaína, una pistola de cañón corto y 24 mil soles en efectivo. Pero no solo eso, en el sector Puerto Canaire en Huanta, Ayacucho, y en Palmapampa de Satipo fueron detenidos dos jóvenes en cuyas mochilas se hallaron 34 kilos de pasta básica de cocaína, además de cinco cinco escopetas.
Asimismo en el Vrae fueron destruidas tres pozas de maceración y tres de decantación ubicadas en la agreste selva del sector de Llochegua Alto en Huanta, Ayacucho. Entre las pertenencias de esas firmas ilegales había insumos químicos, gasolina, acido muriático, cal e ingentes sacos con hojas de coca.
Cabe señalar que esta es solo parte de las catorce incursiones del Frente Vrae ante las huestes del narcotráfico, llevadas a cabo hace poco menos de una semana, entre el 5 y el pasado 15 de octubre.
También se incautaron 540 kilos de clorhidrato de cocaína, una pistola de cañón corto y 24 mil soles en efectivo. Pero no solo eso, en el sector Puerto Canaire en Huanta, Ayacucho, y en Palmapampa de Satipo fueron detenidos dos jóvenes en cuyas mochilas se hallaron 34 kilos de pasta básica de cocaína, además de cinco cinco escopetas.
Asimismo en el Vrae fueron destruidas tres pozas de maceración y tres de decantación ubicadas en la agreste selva del sector de Llochegua Alto en Huanta, Ayacucho. Entre las pertenencias de esas firmas ilegales había insumos químicos, gasolina, acido muriático, cal e ingentes sacos con hojas de coca.
Cabe señalar que esta es solo parte de las catorce incursiones del Frente Vrae ante las huestes del narcotráfico, llevadas a cabo hace poco menos de una semana, entre el 5 y el pasado 15 de octubre.
Cortesía Diario Expreso
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