Gral Mora desmiente categóricamente propuesta de ley Punto Final

Un caso clamoroso de derechos humanos

Por Víctor Robles Sosa (*)

El ministro Daniel Mora se ha quejado con justicia de los procesos penales eternos e indiscriminados que sufren los militares acusados por la ex Comisión de la Verdad (CVR) de ser presuntos “criminales de lesa humanidad”.

Cada vez que este caso es expuesto al público se desata la reacción iracunda de ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se desesperan por tapar el problema.

El ministro Mora se atrevió a ventilar el tema en una radio y se convirtió en blanco de los ataques de esas ONG, que lo han llamado “defensor de la impunidad”.

Falso, Mora no ha pedido ilegalidad alguna, sino justicia, porque en los procesos a los militares hay corrupción y se violan la ley y los derechos humanos (DDHH) con total impunidad.

Corrupción porque los abogados que patrocinan las acusaciones pertenecen a las mismas ONG que “capacitan” a fiscales y jueces en cómo procesar y resolver esos juicios. Los “talleres de capacitación” son un instrumento para neutralizar la imparcialidad de la justicia.

Hay doble impunidad. Porque nadie sanciona a los “capacitadores” corruptos. Y porque tampoco se sanciona a quienes violan la ley y los DDHH en los procesos a los militares.

Las acusaciones fiscales repiten lo que dice el informe de la ex CVR sin verificar. Tampoco acreditan pruebas ni testimonios sólidos para sustentar los cargos. A veces ni siquiera hacen la investigación preliminar.

Algunos procesan a los militares con leyes que no existían cuando ocurrieron los hechos, les aplican con retroactividad leyes penales que los perjudica, los presumen culpables, los procesan sin plazo razonable durante 8 o 10 años, es decir violan los derechos humanos.

Se denuncia a batallones completos porque los fiscales influenciados por las ONG invocan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, yendo en contra del Principio de Legalidad (“Nadie puede ser juzgado con normas que no estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos”). Les han inculcado que ese marco jurídico es el que corresponde porque hubo un “Conflicto Armado Interno” (CAI).

Es por eso que hay magistrados que procesan como “crímenes de estado” los delitos cometidos por militares y los condenan a estos como “agentes del estado”. Ergo, el estado democrático agredido resulta siendo el victimario, y el terrorismo agresor ¡la víctima!

            Para evitar que este escenario injusto se consumara, los tres gobiernos agredidos por Sendero Luminoso desde 1980 al 2000 jamás aceptaron que hubiera un CAI, y definieron la agresión terrorista como una “grave alteración del orden interno”.

Fue la izquierda marxista en el poder - con Valentín Paniagüa y Alejandro Toledo - la que impuso esa definición, traicionando a la democracia. Pero esto ya es otra historia.

Si el ministro de Defensa quiere en verdad acabar con tanta injusticia, debe seguir denunciando la violación de los derechos humanos de los soldados, y también la traición a la memoria de los héroes y mártires de la Pacificación Nacional, para revertirla.

Solo así el estado democrático se librará de la humillante obligación de indemnizar a terroristas, y de verse obligado a darle la espalda a quienes salvaron a la nación del genocidio y preservaron la libertad y la democracia que hoy disfrutamos.